Tierras agrícolas, función social y loteadores

Los profesionales de las leyes agrarias no investigan, no interpretan ni aplican la ley en el contexto socio económico y agroecológico del área en conflicto y ello sirve como el mejor estímulo para la aparición de verdaderas bandas o mafias de loteadores que no producen nada.

El valle cochabambino, que en el pasado ostentaba el título de granero de Bolivia, ahora no es sino el valle de las confrontaciones, de la violencia física y jurídica por la posesión de tierras, donde unos defienden su propiedad heredada o adquirida de sus familiares o antiguos dueños que consolidaron su derecho propietario con la Reforma Agraria de 1953 y otros que invaden para apoderarse bajo el argumento de que estas tierras “no cumplen la función económica y social” establecida en las leyes agrarias.


Los invasores no son agricultores que ocupan las tierras que supuestamente no cumplen la “función económico y social”, con el fin de producir ellos con mayor tecnología el trigo, el maíz y otros alimentos de la canasta familiar y la seguridad alimentaria que tanto pregona el Gobierno boliviano.

Son loteadores que están organizados en redes donde participan campesinos migrantes, consorcios de abogados, políticos influyentes, empresas constructoras urbanizadoras de tierras agrícolas, etc., etc., quienes virtualmente han copado todo el territorio agrícola y forestal, empezando por las estribaciones más altas de la cuenca del río Rocha que comprende a ocho municipios.

Los hechos de violencia ocurridos en días pasados en Esmeralda Sud reflejan ese estado de tensión e inseguridad permanente que viven los pequeños propietarios lugareños ante el riesgo de invasión por grupos organizados ajenos a la comunidad.

Hay algunas razones que explican la aparición de estos loteadores, que en el pasado no existían, y son las siguientes:

1.- Para el INRA las tierras agrícolas deben cumplir la función “económico y social”, produciendo alimentos. Sus técnicos, cuando van a verificar los predios intervenidos lo que hacen es ver lo que existe; aquello que me decía uno de sus abogados “como en el cacho, anotamos lo que se ve” y ante la pregunta que le hice: ¿qué pasa si los loteadores, al tomar el predio destruyen la infraestructura construida o mejorada por su propietario, como ha ocurrido en otro caso en Esmeralda Sud? la respuesta del abogado fue lacónica: “lo que no vemos no anotamos”.

Lamentablemente, los profesionales de las leyes agrarias no investigan, no interpretan ni aplican la ley en el contexto socio económico y agroecológico del área en conflicto adecuando el concepto de función económico y social a esa realidad y todo ello sirve como el mejor estímulo para la aparición de verdaderas bandas o mafias de loteadores que no producen nada.

2.- Estas invasiones están motivadas además por los precios crecientes de las tierras agrícolas ante la demanda también creciente de miles de familias que desean comprar su lotecito para construir su vivienda.

3.- Las tierras de cultivo temporal son las seleccionadas por los loteadores y no las con riego, porque todas éstas son cultivadas, como en el caso de Esmeralda Sud y otras del valle cochabambino, porque cumplen a cabalidad con la función económico-social que no da lugar a la invasión de loteadores. En las tierras de secano, los pequeños propietarios agrícolas, en muchos casos, han dejado de cultivar trigo, cebada, maíz, arveja, etc.; porque no llueve o porque las precipitaciones son tan irregulares con los cambios climáticos que desde las gran sequía que asoló Cochabamba y el país de 1982 – 1983, las pérdidas por las malas cosechas atribuibles a la escases de lluvias, heladas, granizadas y la aparición de nuevas plagas, han sido mayores que las ganancias. En consecuencia, el pequeño productor agrícola, a veces en estos no cumple con la función económica y social que exige el INRA, no por dejadez ni ociosidad, sino porque está descapitalizado y echado a su propia suerte; no recibe ningún apoyo ni estímulo para cultivar sus tierras del Estado Nacional ni de los gobiernos autonómicos departamentales y municipales.

El autor es economista

Los Tiempos