Leyes y políticas para proteger a la mujer

La  violencia contra las mujeres es un lastre en toda sociedad que, pese a que declara su absoluta adherencia a declaraciones que condenan esta situación, todo lo que hace es aún muy poco. En Bolivia no existen políticas oficiales para proteger a las mujeres contra la violencia y lo poco que se avanza tiene que ver con reacciones coyunturales, cuando los casos que se registran de maltrato hacia las mujeres e incluso asesinatos, se repiten con una frecuencia que ya desespera, como lo que ha estado aconteciendo hace algunos días en el país.

Los recientes casos dan cuenta sobre la muerte de mujeres a manos de maridos o parejas, de violaciones contra mujeres adolescentes, la desaparición de otras tantas y hechos de violencia que parten, incluso, de algunas autoridades y cómo no recordar ese acto de violencia sexual en la Asamblea Legislativa de Sucre, cuyas escenas fueron documentadas con las cámaras de seguridad.
Lo que indigna a la sociedad boliviana son los actos repetidos, los partes policiales que hablan y denuncian sobre violencia y maltrato a las mujeres, porque hasta ahora se desconocen estadísticas verificables sobre la situación de la mujer y los índices de violencia, porque en la mayoría de las situaciones los hechos no llegan a las oficinas policiales y todo queda entre cuatro paredes de un hogar, que se va destruyendo paulatinamente y que no tiene la esperanza de recuperarse.

Hechos tan crueles como el asesinato de la periodista paceña a manos de su esposo, de otro caso registrado en Santa Cruz donde una empresaria cruceña no sobrevivió a un ataque con cuchillo de su esposo, de las niñas-adolescentes asesinadas presuntamente a manos de pandilleros y en fin, otros casos que trascienden a la opinión pública, representan una voz de alerta. La indignación de la gente pide y reclama que las leyes sean severas en esta materia para castigar a los autores. Pero, como en hechos casi cíclicos, cuando existe conmoción social y rabia, los legisladores y las más altas autoridades hablan de sanciones extremas: castración química para los culpables, penas privativas de libertad de hasta 30 años sin derecho a indulto y hasta la pena de muerte, que no está reconocida en la legislación boliviana.

Las protestas y manifestaciones de familiares y mujeres son el marco que, justificadamente, desde ya, piden justicia y claman para que se detenga esta ola de muerte de mujeres y de maltrato. Lo cierto es que esta situación, que ha crecido paulatinamente, no deja lugar a duda que se tiene que hacer algo, porque, como bien dice la Organización Mundial de Salud (OMS), la violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Este organismo añade en un estudio en varios países se estableció que el  71 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años refirieron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.

En lo referente a nuestro país el problema tiene que ser analizado dentro de políticas globales que trasunten lo circunstancial, porque las mismas tienen que tomar en cuenta leyes claras y aplicables de acuerdo a la realidad, que castiguen a los criminales, pero que al mismo tiempo prevengan la violencia de pareja y que, como se recomienda, eviten el primer episodio violento, que en realidad puede constituirse en una especie de chispa que dé lugar, luego, al infierno que vive la mujer en una relación conflictiva, con la secuela que le deja para su futuro y el de sus hijos.

Opinión