La Ley de fuga

La ola de crímenes que conmueve a Santa Cruz, motivó al gobierno a adoptar medidas extremas para combatir al crimen organizado. En 16 días se registraron nueve ejecuciones en Santa Cruz. Hay un mandato del presidente y del vicepresidente de arrinconar a los criminales, según el Viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, quien, además, cuestionó la tarea de jueces y fiscales en Santa Cruz, que liberan a antisociales con antecedentes. Sin duda el gobierno está en la obligación de actuar con energía para combatir el delito y garantizar la seguridad ciudadana, pero su misión no puede salirse del marco de la ley.


Se dice que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, y esta idea tiene que ver con las equivocaciones al asumir una determinación utilizando vías ilegales. Después de conocerse los últimos hechos de sangre por sicarios y difundirse una grabación de imágenes de uno de los asesinatos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que los crímenes son una muestra de que el "sicariato entró en Bolivia y busca expandirse". Probablemente, la indignación llevó al ministro Romero a decir que "yo quiero que se les aplique la ley de fuga, porque así como ellos tienen sangre fría para matar, no es cierto, quiero que nos entreguen de manera inmediata vivo o muerto a ese sicario".

Sin duda la violencia con la que actúan estos antisociales genera repulsión y merece la condena general, y de una acción enérgica de la policía y la justicia, pero respetando las normas legales. Es necesario recordar que en Bolivia no existe pena de muerte y que la llamada "ley de fuga" es una forma de ejecución extrajudicial que consiste en simular la fuga de un detenido. Esta ha sido una forma de encubrir los asesinatos políticos perpetrados durante las dictaduras.

Las páginas de Internet abundan en detalles y explicaciones sobre los mecanismos para encubrir el asesinato de los detenidos tras el "precepto legal" que permite hacer fuego sobre el fugitivo que no obedece la orden de detenerse o entregarse. Hay numerosos hechos que se relatan que se han producido en España durante la restauración y durante el franquismo.

 En España se puso en vigencia la ley de fugas en 1921 y fue abolida después la muerte del "generalísimo" Francisco Franco. Un portal sobre la ley de fuga en España señala que esa ley favoreció la guerra sucia oficial contra el movimiento sindical y permitió el asesinato de más de un centenar de anarcosindicalistas entre ellos Salvador Seguí Rubinat conocido como el "noi del sucre" (El chico del azúcar), fue una de las personalidades más destacadas del anarco sindicalismo de Cataluña. Otro personaje eliminado fue Evelio Boal, dirigente sindicalista español.

 Era trabajador de artes gráficas en Barcelona. Confiamos en que la actual administración no tiene la intención de apelar a estos recursos en nuestro país, y que más bien, las expresiones de las autoridades obedecen a un momento de indignación por lo que está ocurriendo. El viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, advirtió que el gobierno se constituirá en parte civil para iniciar procesos contra jueces y fiscales que liberen a asesinos. Informó que en los últimos 30 casos resueltos por la Policía fueron detenidas de 80 a 87 personas, la mayoría reincidentes que salieron de las cárceles a delinquir".

El viceministro Pérez relató que dos sicarios extranjeros que fueron detenidos hace un mes por la policía, confirmaron que cobraron 15.000 dólares para matar a una mujer en inmediaciones del mercado La Ramada, de Santa Cruz. Ambos habían estado presos en la cárcel cruceña de Palmasola. También preciso que hubo amenazas contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

 La preocupación del gobierno y las autoridades es compartida por la ciudadanía, que reclama seguridad. Pero al mismo tiempo, reclama que esa seguridad vaya acompañada de la ley, de las normas y del respeto a los derechos y garantías constitucionales. Un desvío de esa línea, por más que vaya enmarcada en una buena intención, solamente podría conducir a un total desconocimiento del orden constituido, ya que las autoridades están llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. No se puede inducir al delito al amparo de un cargo público, como vendría a significar una orden para aplicar la ley de fuga a presos, así sean reos rematados.

JornadaNet