Leyes son insuficientes para evitar el maltrato familiar

La analista Jimena Costa deploró los constantes casos de violencia contra la mujer que se suscitan con miembros del Órgano Legislativo y afirma que las leyes promulgadas resultan insuficientes para atacar este mal social. Dentro de los casos registrados figuran diputados y senadores, tanto como supuestos agresores y también en condición de víctimas.

Dentro de los presuntos agresores está el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fidel Surco, quien desatendió familiarmente a Arminda Colque tras un atentado que era dirigido a él, pero que derivó en serias consecuencias físicas para su expareja. También se registró la denuncia contra el diputado oficialista Martín Quispe por parte de su esposa Marcelina Aguirre bajo la figura de abandono del hogar.


Una víctima de la violencia intrafamiliar es la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, quien derivó el caso a la Fiscalía luego de ser agredida por su expareja. Su correligionario Jaime Navarro tiene otra denuncia que incluso llegó a la Comisión de Ética de la Cámara Baja y el último caso reportado involucra al senador del MAS, Adolfo Mendoza, también por violencia contra su pareja en etapa de divorcio.

Para la politóloga, sin embargo, existe diferencia entre el caso Mendoza y el caso Navarro, porque en el primero existirían denuncias de agresiones constantes, mientras que sobre el opositor no hay mayores indicios, pero sí se lo derivó inmediatamente a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, denotando un caso de “persecución política”.

Costa lamentó que no existan políticas reales para atacar este mal de la sociedad, convirtiendo a los preceptos legales en simples actos de proselitismo rumbo a las próximas elecciones generales. “Las leyes y el discurso de lucha contra toda forma de violencia a las mujeres parecen puro verso y que es parte de la estrategia política para mejorar la imagen del Gobierno que está en evidente desgaste, pero sin voluntad real para enfrentar este mal de la sociedad”, explicó.

Recordó otros casos que involucran a militantes del ovimiento Al Socialismo (MAS) como la violación cometida por el exdiputado oficialista Justino Leaño a una menor, el ultraje registrado en la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca con el asambleísta Domingo Alcibia como protagonista u otros casos de acoso y violencia en los entes regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Un primer antecedente que involucra a legisladores con hechos que vulneran los derechos de las mujeres es el senador Fidel Surco, quien dejó a su esposa después del atentado con un sobre bomba en 2010 que la dejó ciega y con lesiones graves en las extremidades. La mujer denunció la falta de pagos para la manutención de sus hijos. Surco aceptó tener cuentas pendientes, pero aseguró que se “pondrá al día”.

También se conoció este año el caso del diputado Martín Quispe que fue denunciado por abandono familiar por haber salido de su casa el 18 de junio de 2012 sin volver a atender a sus tres hijos. Aguirre, la esposa, calificó de cómplices a la bancada oficialista, mientras el aludido reconoció tener conflictos familiares, pero dijo que daría una explicación a los medios, situación que no se produjo desde el 6 de junio pasado. Esa misma fecha, el opositor Navarro era enviado a la Comisión de Ética por la supuesta agresión a su pareja.

En conferencia de prensa, el 4 de junio, las presidentas del Senado y de Diputados, Gabriela Montaño y Betty Tejada, respectivamente, junto a dirigentes del MAS y de organizaciones sociales salieron a deplorar al opositor.

“El diputado Jaime Navarro está siendo acusado ante la Fiscalía de golpeador de mujeres, está siendo acusado por su expareja de haberle fracturado la nariz delante de su hija de 9 años. Y si tuviera un poco de respeto con la sociedad boliviana, él debería pedir licencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y defenderse ante los estrados judiciales”, decía Montaño.

Empero, sobre el caso de Adolfo Mendoza, ambas presidentas prefirieron opinar que es un hecho “privado” que “debe ser investigado” sin “ningún tipo de protección”.

El senador reiteró ayer que no cometió ninguna agresión contra su aún esposa Fabiola Sandoval, con quien se encuentra en etapa de divorcio, añadiendo que no emitirá ningún criterio sobre el tema.
Mendoza es acusado de agredir a su pareja causándole policontusión en el brazo derecho con impedimento de cuatro días, según el certificado forense que circula por los medios.

En la otra cara de la moneda, la diputada Reyes, como víctima, denunció ante la Fiscalía, en abril, agresión física y verbal por su expareja Massen Mokdad. Sin embargo, el sindicado negó la acusación y contradijo a la diputada calificándola como “agresora”.

Incluso dentro del oficialismo también se denuncian casos de acoso político, por ejemplo contra la “libre pensante” Rebeca Delgado, por haber sido “vulnerada en su dignidad” a través de un impreso dirigido por asesores de la cúpula del MAS.

El Diario