La Ley 779 generaría empresas fantasmas que contraten con el Estado

En la Asamblea Legislativa no hubo debate público sobre el tema. Sin modificar ni una coma las directivas de senadores y diputados, militantes del MAS, aprobaron el proyecto de Ley remitido por Ejecutivo y que promulgada el 21 de enero de 2016.

La Comisión de Reglamentación debe estar conformada por expertos en Derecho Comercial, Código de Comercio, Derecho Comparado, para garantizar que "en la gaceta electrónica del registro de comercio" no se sufra con alteraciones por hackers o por quienes, como servidores públicos, tengan como objetivo obtener ganancias ilícitas a costa de contratos con el Estado.

"Al Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, sus asesores debían alertarle sobre las consecuencias que pueden derivar de la Ley 779, promulgada el 21 de enero de 2016, que podría generar la aparición de empresas fantasmas, integrada por servidores públicos para hacer negocios con el Estado sin garantizarse que haya constancia escrita publica a ojos vista de la opinión pública, para efectos de validación jurídica legal", advierten el parlamentario Gonzalo Barrientos y los abogados Ronald Torrez Armas, Carlos Crespo García.

"En efecto la Ley 779, tiene defectos de fondo y de forma, vacíos legales y vicios de nulidad, porque no fue debida y oportunamente debatida en forma pública en la Asamblea Legislativa y en forma apresurada se aprobó por el MAS el Proyecto de Ley remitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, poniendo en grave situación jurídica a quienes, a partir de la reglamentación que se apruebe, se vean en situaciones de incompetencia o determinaciones inconstitucionales, mediante Juicios de Puro Derecho que pueden efectuar personas naturales y personas jurídicas, toda vez que "la publicación electrónica" no garantiza que no haya falsificación, alteraciones, sobre el contenido de las escrituras de conformación de sociedades, convocatorias a juntas generales, comunicación para asambleas de socios, etc., o vicios objetivos, que afecten, a través del tiempo y de las circunstancias, a los intereses económicos nacionales y del Estado.

La Ley 779, a través de una reglamentación idónea, profesional, consensuada con amplios sectores empresariales, laborales, tendría que garantizar que la población en general y los que conformen sociedades, en particular, no se vean afectados por la falta de control y constancia pública escrita y de conocimiento de una amplia opinión pública sobre los integrantes de sociedades", cuestionan dichos profesionales abogados.

Vacíos legales y vicios de nulidad

"En resumen la Ley 779 al no haberse debatido de cara al pueblo, contiene vacíos legales y vicios de nulidad, que no podrá ser solucionada por una Reglamentación, sino que debe haber una modificación de dicha Ley, aclaraciones y enmiendas", expresó el congresista Barrientos.

El Código de Comercio ha sido vulnerado, por cuanto dicha Ley 779, no prohibe en forma específica, expresa, la conformación de sociedades por parte de servidores públicos para contratos con el Estado, por lo que surgirían empresas fantasmas con el objetivo de lograr contratos de obras con el Estado, sin control social, ni de la Contraloría menos de la Asamblea Legislativa, enfatizó el líder cívico de Potosí, Barrientos.

El Código Civil fue prácticamente desechado por la Ley 779 -que además puede ser demandado de inconstitucionalidad-, (fue modificado, principalmente, en todo lo que significa publicidad), sin especificar que los servidores públicos no pueden constituir sociedad para entablar contratos con el Estado, señalaron los abogados Torrez y Crespo.

Para su Reglamentación, necesariamente deben integrar la Comisión expertos en Derecho Comercial, Derecho Comparado, Código de Comercio, en la que no sean parte quienes redactaron y remitieron el Proyecto de Ley, de dicho Ministerio, enfatizaron.

Al respecto en cuanto a política de economía social, el parlamentario nacional Gonzalo Barrientos señaló: "Lo que ocurre es que en imitación de un modelo económico con el denominativo de Socialismo del Siglo XXI, en el contexto nacional se pretende el monopolio total del Estado para recaudar fondos que en otras latitudes no tuvo efecto o que fue rechazado, como en el caso de Brasil y Ecuador".

Los escritores Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, consideran que en la última era se presentó "la izquierda vegetariana" y "la izquierda carnívora" ambas con signos populistas, de furibundo ataque al capitalismo, al imperialismo, a la globalización de la economía, pero que ante la baja del precio del petróleo, de los minerales, y de otros productos, a nivel internacional, a el ascenso de la economía liberal China y de otros países, cambian sus actitudes respecto a búsqueda de inversores extranjeros, mantienen las transnacionales con la figura de migración a otros contratos, postergan soluciones a las necesidades que proclaman los Estados, departamentos, regiones y se incrustan en la corrupción como ocurrió en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, o en los gobiernos de Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, procesados por actos de corrupción.

El socialismo siglo XXI, en Chile, como izquierda vegetariana tuvo como sus máximos representantes a Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, en Brasil al brasileño Lula Da Silva, Dilma Rousseff, en Uruguay a Tabaré Vásquez, que al presente, según análisis del escritor Mario Vargas Llosa "esta izquierda dejó de ser socialista en la práctica y en estos momentos, la más firme defensora del capitalismo-mercados libres y empresa privada-, esta izquierda parece haber entendido que las recetas del socialismo jurásico –dictadura política y economía estatizada-, solo podían seguir hundiendo a sus países en el atraso y miseria y se han resignado a la democracia y al mercado".

"En Bolivia, para que haya inversiones extranjeras sometidas a las leyes bolivianas, debe garantizarse seguridad jurídica y seguridad ciudadana, descartando todo afán de monopolio estatal, que puede ser generadora de actuados de corrupción y ahuyente a los inversores, por tanto la Ley 779, promulgada el 21 de enero 2016, debe ser modificada, debatida en forma amplia en la Asamblea Legislativa", señaló el diputado Barrientos.

Jornada: http://www.jornadanet.com/n.php?a=127706-1