Avasallamiento a minas tendrá cárcel de 8 años

Con la finalidad de frenar los avasallamientos de predios mineros, que se dieron en un promedio anual de 25 tomas en los últimos ocho años, el Gobierno, los cooperativistas mineros y legisladores promueven una ley que sanciona con cárcel hasta ocho años a los que incurran en este delito.

El proyecto de ley de incorporación al Código Penal de los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación y venta ilegal de recursos minerales se aprobó en grande en la Cámara de Diputados el 13 de marzo. La Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja debe brindar un informe en los próximos días para su análisis y aprobación en detalle.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que el proyecto de ley fue trabajado bajo la tutela del Ministerio de Minería, con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y los sectores interesados.

“Se incorpora nuevos delitos, nuevas figuras para sancionar a los avasalladores del derecho propietario sobre la explotación o aprovechamiento a recursos naturales, principalmente del sector minero”, explicó Tejada.

REGULARIZACIÓN Esta ley va a permitir continuar con el proceso de regularización de la minería informal y también reducir la minería ilegal en el país.

La medida legal incorpora al Código Penal los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación y venta ilegal de recursos minerales.

En los últimos ocho años se registraron en Bolivia al menos 200 tomas ilegales de minas por parte de campesinos, indígenas y cooperativistas, como consecuencia del buen momento de la minería en el mercado internacional.

Ante esta escalada de avasallamientos, no sólo de minas sino de propiedad privada, la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y empresarios demandaron al Gobierno asumir medidas “urgentes” para penalizar estos hechos.

Los avasalladores son mayoritariamente comunarios de regiones indígenas y campesinas, quienes se posesionan ilegalmente en predios mineros privados y fiscales.

JUSTIFICACIÓN El secretario del Comité de Minería de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Pascual Huarachi Romero, consideró a esta medida legal como “fundamental” para el sector minero estatal, privado y cooperativista que permitirá garantizar las inversiones, exploración y explotación de los recursos minerales.

En las justificaciones de este proyecto de ley se establece que bajo ningún pretexto se puede atentar contra aquellos principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado. Los avasallamientos que ocurren en el territorio nacional obstaculizan el ejercicio de las actividades mineras.

El Gobierno y el sector minero evaluaron el efecto negativo del avasallamiento y, en muchos casos, a ese acto ilegal, se suman otros que lesionan los derechos subjetivos de aquellos que detentan títulos ejecutoriales sobre concesiones de yacimientos mineros y escrituras públicas de adquisición de intereses mineros, que cuentan con inscripción en el Registro Minero Nacional.

“Las tomas ilegales de predios mineros ocasionaron caos e inseguridad jurídica, no sólo para el titular de derechos mineros, sino para aquel que pretende adquirir uno, sobre todo para las inversiones en el sector que dinamiza la economía y genera empleos”, afirmó.

Huarachi manifestó que ley incorpora en el Código Penal conductas lesivas como por ejemplo, la ocupación física del área minera, con violencia o amenazas en áreas ocupadas y registradas a nombre de un titular de derecho minero.

LIBRES También se sanciona la ocupación con violencia o de manera pacífica en áreas mineras libres no otorgadas a ningún actor productivo.

Sobre esta decisión legislativa, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras de Bolivia (Fencomin), Albino García, dijo que su sector exigió en reiteradas oportunidades la aprobación de una ley corta que castigue las tomas ilegales de predios mineros, porque afecta a sus inversiones y empleos.

Dijo que inicialmente su sector exigió sanciones duras como más de 15 años de cárcel para los avasalladores, pero que el hecho de que se incluya en el Código Penal el avasallamiento es un gran avance. “Hay que proteger la legalidad, los empleos, las inversiones y la producción de los asaltantes de propiedades privadas, fiscales y concesiones”, aseveró.

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