Experto ve falta de leyes para prevenir torturas en el país
Si bien la Constitución
Política del Estado prohíbe toda forma de tortura, el experto en
derechos humanos Nicolás Boeglin observó que en Bolivia aún no se
aprobaron leyes que pongan en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención
contra ese delito.
El
citado mecanismo, precisó, es un órgano técnico que hace recomendaciones
a cada Estado para reducir los niveles de violencia que se dan de parte
de éste y/o actores privados contra un detenido. La diputada Marianela
Paco (MAS) y su colega Ever Moya confirmaron que la Asamblea legislativa
no aprobó ninguna norma referida a la prevención de la tortura. En el
Ministerio de Justicia se informó que elaboran un proyecto de ley para
impulsar esa tarea.
Boeglin, de nacionalidad
francesa, es doctor en Derecho y dicta la cátedra Derecho Internacional
Público en Costa Rica. Visitó Bolivia a fines de junio, invitado por el
Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de Tortura y la
Violencia Estatal (ITEI), para que dé cursos por el Día Internacional de
Apoyo a las Víctimas de Tortura.
El experto manifestó que la falta de una normativa que ponga en marcha
ese mecanismo, pone al descubierto la inexistencia de un procedimiento
tutelar para evitar el ejercicio de tortura e intimidación. Su
inquietud, agregó, radica en el hecho de que, entre 2007 y 2012, la
Defensoría del Pueblo recibió 3.500 denuncias de tortura y malos tratos.
“(Eso) nos da una idea de que la situación en Bolivia es preocupante”,
aseveró.
Mediante la Ley
3298 del 12 de diciembre de 2005, Bolivia ratificó el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.
Entonces se comprometió, según la norma, a la creación de “uno o varios
mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a
nivel nacional” en el plazo de un año desde su validación.
Sin embargo, ya transcurrieron ocho años desde que se asumió esa responsabilidad sin que a la fecha se lo haya concretado.
El punto dos del artículo cuatro de ese protocolo hace referencia a la
privación de libertad. Según Boeglin, justo después de la detención, una
persona es susceptible de recibir malos tratos, intimidación o tortura,
que pueden llegar a lesiones e incluso a la muerte.
Situación. Los postulados de la convención de la ONU precisan que se
entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión”.
En
septiembre de 2010, Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Subcomité de
Prevención de la Tortura, un órgano del sistema de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, llegó a Bolivia y visitó recintos de
privación de libertad, que incluye 11 unidades policiales y ocho
cárceles.
Tras esa
inspección, la misión que estuvo a su cargo recomendó establecer
salvaguardas efectivas contra la tortura y otros malos tratos de los
privados de libertad.
En
su informe de febrero de 2014, la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación porque
hasta entonces no se había creado el Mecanismo Nacional de Prevención.
En América Latina, además de Bolivia, Guatemala, Perú y Brasil no designaron ese Mecanismo.
“No entiendo por qué Bolivia es parte de esos países que renquean el
tema de la tortura. Yo entiendo que en Perú, Guatemala o Panamá esto no
sea prioridad, pero Evo Morales (presidente) nos ha mandado señales de
que Bolivia estaba dispuesta a escribir el movimiento moderno de los
derechos humanos”, explicó Boeglin.
En la región latinoamericana, las naciones que ya pusieron en marcha
sus entidades de prevención son Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y
México.
Desde el
Ministerio de Justicia indicaron que se trabaja en un anteproyecto de
ley que establecerá la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de
Prevención, el que pronto será remitido al Consejo Nacional de Política
Económica y Sociales (Conapes).
En julio de 2010, antes del arribo al país de miembros del Subcomité de
Prevención de la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados intentó, sin éxito, consensuar una norma referida al tema.
Tortura en democracia
Explicación
El experto Nicolas Boeglin consideró que la tortura en América Latina siempre estuvo ligada a la dictadura.
Cambio
Explicó que si bien en democracia rigen otros principios y la base de
la democracia son los derechos humanos, todavía se practica tortura.
Protocolo de la ONU
Artículo 1
“El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas
periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales
independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de
su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 3
“Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel
nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en
adelante denominado el Mecanismo Nacional de Prevención)”.
Artículo 17
“Cada Estado mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después
de la entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o
adhesión, uno o varios mecanismos”.
En la Asamblea fracasó un proyecto
Diputada Paco dice que no se acordó si sólo se iba a crear el mecanismo
La diputada Marianela Paco (MAS), expresidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, informó que en 2010 en la Cámara Baja no fue posible
acordar la aprobación de una ley contra el abuso porque habían
divergencias respecto a si la normativa iba a referirse sólo al
Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura o iba a ser integral.
Además, expuso, parte del debate también se centró en si sólo el Estado
puede cometer tortura. “La experiencia nos dice que se puede incurrir
en la vulneración de derechos desde la sociedad civil y el asunto, desde
mi punto de vista, es cómo incorporamos medidas que protejan a las
personas que sufren estos tratos con un enfoque proteccionista desde el
Estado”. Un ejemplo de ello, acotó, es la tortura de parte de reos a un
nuevo interno o, en movilizaciones sociales, agresiones a personas que
piensan diferente.
El
actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ever Moya (MAS),
explicó que la Carta Magna ya garantiza la no existencia de la tortura
en el país, “por lo que no sé si corresponde hacer una ley específica”.
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