El Senado no podrá sancionar penalmente a jueces y magistrados

El Gobierno boliviano anunció ayer que modificará una ley para que el máximo castigo que puede imponer el Senado en juicios políticos a autoridades judiciales sea la destitución, pero no sanciones penales, como ocurría hasta ahora.

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, explicó en declaraciones a los periodistas que con esta modificación, "el enjuiciamiento penal correría por cuenta del órgano jurisdiccional correspondiente de la Justicia ordinaria".
García Linera hizo estas declaraciones días después de que la Cámara de Diputados de Bolivia anunciara que pedirá diez años de prisión para tres magistrados del Tribunal Constitucional, en el juicio político que sigue el Senado a esas autoridades por supuestas resoluciones inconstitucionales, prevaricación e incumplimiento de deberes.

Según el vicepresidente, hasta ahora "el Senado actuaba, destituía y daba un sanción penal", pero con el fin de proteger la Constitución Política del Estado se va a "separar" la acción sancionadora.

La norma que se modificará, aprobada en 2010, es la Ley 044 de Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

"El senado llegaría hasta el ámbito de destitución de autoridades judiciales, ya no regresarían nunca más a su cargo, y de la parte penal, si es que corresponde, se hace cargo ya la Justicia ordinaria", subrayó García Linera.

También precisó que la modificación de la ley ya podrá aplicarse en el juicio contra los tres magistrados del Constitucional que serán enjuiciados en diciembre próximo y contra los que pidió una sanción ejemplar.

Los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velázquez y Rosario Chanez están acusados por el Gobierno de dejar en suspenso una ley de notarías sin haber emitido previamente una sentencia como exige la normativa vigente.

Esto, según el Ejecutivo, creó un precedente que podía afectar la seguridad jurídica y económica del país.

"Han incumplido sus funciones y le han hecho un terrible daño a la Justicia y a la población que requiere de una justicia pronta", aseveró el vicepresidente boliviano.

La Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aprobó en julio pasado la suspensión de Chanez y Velázquez y su enjuiciamiento por los supuestos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes".

Posteriormente imputó al magistrado Cusi, que inicialmente no fue incluido porque estaba hospitalizado.

Los senadores opositores Centa Rek, Germán Antelo, Lenny Zaconeta y María Elena Méndez han denunciado por acoso político ante la Fiscalía a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados que aprobó este juicio político.

La oposición considera que, con este proceso, el Gobierno y el oficialismo quieren "defenestrar" el Tribunal Constitucional y controlar esa institución para sustituir a los magistrados por otros que en el futuro respalden una eventual reforma de la Carta Magna que habilite a Morales para una reelección indefinida.

El Ejecutivo ha rechazado esta acusación y defendido la potestad del Legislativo para enjuiciar a los magistrados.

En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia expresó su preocupación por el juicio contra esas magistradas porque "podría comprometer y afectar a la independencia judicial en el país".

JornadaNet