Tratan 7 leyes para agilizar la Justicia

La Asamblea Legislativa priorizó el trabajo de leyes jurídicas para terminar con la retardación de justicia que existe en el país. Hay siete normas que se tratan en la Cámara de Diputados, según la titular de esta instancia legislativa, Betty Tejada.

“Es importante tomar en cuenta y separar lo que es la institucionalidad jurídica y estructural, que tiene que ver con todo lo que se fue dando en el Gobierno y, básicamente, en este porvenir con los códigos de tercera generación que son los denominados códigos morales, que están revestidos en una moralización de la Justicia”, explicó Tejada a La Razón. Aseveró que no es una reforma, sino son nuevos códigos que cambiarán estructuralmente lo que significa la administración de la Justicia en Bolivia.

Proyección. “La agenda, a todo el extenso con lo jurídico, contempla el Código Procesal Civil; la Ley del Notariado Plurinacional, que está en comisiones; la Ley de Código Niña, Niño Adolescente; la Ley de Asignaciones Judiciales; el Código Contravencional; el Código Procesal Laboral y la Ley de Derechos Reales”, detalló la autoridad legislativa.

Agregó que dentro de estas normativas no están contempladas las leyes que se elaboran en el Ejecutivo, como la Ley Reglada y otras disposiciones que tienen que complementar el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, las mismas que serán aprobadas por la urgencia.

Tejada especificó que actualmente se debate el nuevo Código de Procedimiento Civil, que tiene por objetivo eliminar el tráfico de influencias que se identificó en los distritos por jueces y fiscales, quienes estarían administrando de mala manera la Justicia. Añadió que se busca un proceso humano centrado en dos etapas: la escrita, que no son más de dos documentos, y lo oral, es decir  que en dos audiencias se concentra toda la disputa, la prueba y, posteriormente, la decisión final.

También informó que el nuevo Código Procesal Penal todavía es socializado con diferentes sectores en distintas regiones del país. Es una tarea que lleva adelante el Ministerio de Justicia, con el objetivo de que la norma sea totalmente consensuada y aprobada en las instituciones y organizaciones civiles.

La Razón