Plantean 2 leyes para endurecer las penas a agresores sexuales

Dos proyectos de ley para endurecer las penas a las personas que cometen delitos  sexuales contra niños y adolescentes serán presentados, en los próximos días, a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el concejal paceño Guillermo Mendoza. Una de las normas propone la castración química a los  agresores sexuales;   y la otra, el registro de las personas con antecedentes por ese delito.
“Hace bastante tiempo estamos trabajando en dos proyectos de ley dirigidos a las personas que delinquen sexualmente contra los menores de edad. El primero es  para elaborar un registro de agresores sexuales; y el segundo consiste en la rigurosidad penal para estos delincuentes. El juez decidirá cual de las normas  aplicar según los casos”, explicó el presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas del Concejo Municipal de La Paz, Guillermo Mendoza.

Registro de agresores sexuales

  El concejal dijo que el proyecto sobre el registro busca ser un método de control de las personas con antecedentes por agresión sexual  que dependerá de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen. “Serán registrados todos los agresores que han recibido condena y han tenido sentencia ejecutoriada. Los incluidos en la lista deberán reportarse durante su estadía en prisión al igual que cuando sean liberados”, indicó.

El registro incluirá el nombre completo, apodo, número de carnet de identidad, fotografías, estado civil y dirección del domicilio, entre otros datos. “Las personas condenadas deberán notificar  cualquier cambio de datos personales y tendrán que  firmar  un registro de manera permanente”, explicó.

Mendoza indicó que el proyecto necesitará de recursos económicos para crear una red sistemática  que le permita ser autosostenible  “El agresor debe hacer un pago al ingresar al registro y deberá pagar si comete otras infracciones”, señaló.

“Las penalidades por incumplimiento serán pecuniarias. A la primera violación de la disposición la sanción será de  5.000 bolivianos; a la segunda de 8.000 y privación de libertad de hasta tres años; y a la tercera. 10.000 bolivianos  y privación de libertad de cinco años”, detalló.

 Los agresores deberán permanecer en el registro por un periodo de 10 años después de haber cumplido su pena. “No podrán trabajar en colegios ni ocupar puestos donde tengan autoridad sobre personas menores de 14 años. Estarán prohibidos de ser entrenadores de equipos o asistir solos a parques infantiles. No  podrán vivir o aceptar empleo en un propiedad que esté localizada a menos de 500 metros de una unidad educativa. Tampoco podrán vivir en  una donde  haya menores de edad”, explicó.

Rigurosidad penal 

La propuesta de ley de rigurosidad penal para agresores sexuales tiene, en opinión de Mendoza,  artículos profundos y polémicos. La normativa establece dos métodos disuasivos a los agresores cuya culpabilidad haya sido probada: la castración química y la quirúrgica.

El proyectista explicó   que si una persona incurriera de forma reiterada en el delito de violación, un juez podrá determinar la castración química con la aplicación de medicamentos que reduzcan la libido y la actividad sexual. Mientras que la castración quirúrgica  consiste en la eliminación de los testículos mediante una incisión en el escroto. 

De enero a agosto se registraron 110 violaciones

Desde enero a agosto de 2014 se registraron 110 violaciones a niños y niñas menores de 12 años y 305 vejámenes a adolescentes entre 12 y 17 años, según datos  recabados  entre la Defensoría y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). De  mil denuncias sólo  4% tiene sanción.

Página Siete informó ayer que la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi,  explicó que en 2013  se anotaron 1.934 denuncias por agresiones sexuales a niñas y mujeres  en el país. “De ese total, 341 casos fueron agresiones a  menores de cero a 12 años y 940, a adolescentes de 12 a 17 años”.

Al respecto, la adjunta de programas y actuaciones especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, indicó que un Informe Defensorial   evidencia que de mil denuncias sólo el 4%  tuvo sanción. “Se recomendó a las autoridades el cumplimiento es tricto de las normas. La Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres así como el Código Niña y Adolescente   tipifican la violencia sexual”, precisó.

 Guarachi explicó que es importante que varias instituciones  trabajen en  políticas de información a través del sistema educativo. Es decir, “que se realice una línea transversal en las diferentes áreas para introducir temas de no violencia y de  salud sexual y reproductiva”, dijo.

Página Siete