Human Rigths Watch cree que ley boliviana de ONG vulnera derechos de libre asociación

La organización Human Rights Watchdijo este miércoles que la ley boliviana sobre ONG "atenta contra el derecho dela libertad de asociación", en el marco del pedido de inconstitucionalidad deesa ley presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

"Las restricciones que impone Bolivia al trabajo de lasorganizaciones no gubernamentales atentan contra el derecho de los defensoresde derechos humanos a la libertad de asociación", dijo José Miguel Vivanco,director para las Américas de Human Rights Watch. La institución entregó su opinión como parte de la demandade inconstitucionalidad de la ley 351 y del decreto 1597, que regulan lasactividades de las ONG, presentada por la Defensoría.

Con anterioridad, dentro de ese mismo proceso, el relatorespecial de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU), Maina Kiai, emitióun informe en el que afirmó que esa ley y el decreto reglamentario "injustificadamenterestringen el derecho de asociación según normas, estándares y principiosinternacionales". Fue ahora el turno de Human Rights Watch, una de las más prestigiosasentidades internacionales de defensa de los derechos humanos.

Vivanco agregó que "el modo en que la ley y el decreto deBolivia sobre organizaciones no gubernamentales han sido redactados permite quese tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, quevulneran el derecho a la libertad de asociación" Opinó que "Bolivia debería derogar inmediatamente estasrestricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedanllevar adelante su trabajo libremente, lo cual es fundamental en toda sociedaddemocrática".

En junio de 2013, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentóun recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la ley 351 y del DecretoSupremo 1597 y envió la solicitud de "amicus curiae" para que terceras partesemitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita sufallo. La ley y el decreto mencionados facultan al gobierno adisolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorizaciónjudicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutosy objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo.

La ley también establece que los activos deestas entidades serían tomadas por el Estado "35 días después" de anunciada sudisolución. La norma faculta también a la misma Asamblea LegislativaPlurinacional solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de"necesidad o interés público", un concepto ambiguo que pueda ser usado por elgobierno contra entidades críticas. Ello contraviene la Constitución Políticadel Estado, que garantiza la libre asociación.

En 2013, gracias a esta norma, el gobierno expulsó del paísa la ONG IBIS Dinamarca, sin especificar razones para ello ni presentar pruebas. El representante de Human Rights Watch explicó que lasdisposiciones de la ley y el decreto que se señalan como inconstitucionales,contravienen a las obligaciones de Bolivia previstas por la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos.

Ambos tratados imponen la obligación de respetar el derechoa la libertad de asociación y de asegurar el ejercicio libre y pleno de esederecho por todos, sin discriminación. Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional deInstituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), una red de ONG, dijo aANF que el actual gobierno, mediante la ley 351, pretende alinear el trabajo deéstas y viola el derecho constitucional a la libre asociación.

Página Siete