En un mes, 2.000 abogados se anotaron en el Registro Público

El Decreto Supremo Nº 100, promulgado el 2009, señala que el único requisito para habilitar el libre ejercicio de la profesión de abogado en todo el país es el Registro Público de Abogados (RPA), esto contemplado en la Ley del Ejercicio de la Abogacía (Ley 387). El plazo para este registro vencía el 9 de julio del presente año, actualmente el costo del registro es de 200 bolivianos.

La encargada del Registro Público de Abogados del Ministerio de Justicia, Janet Zubieta, expuso que se dio un incremento de registros en el último periodo, antes del vencimiento del plazo y que después del 9 de julio dos mil abogados se registraron en el RPA.

“Se aplicará la multa a los abogados que estén trabajando con algún proceso y no cuenten con el credencial, si el abogado no se registró hasta el 9 julio, el Ministerio tomará las medidas correspondientes aplicando la ley”, señaló Zubieta.

Funcionarios del Ministerio de Justicia se encargarán de realizar las inspecciones para verificar que los abogados en ejercicio de su profesión cuenten con el registro en el Ministerio de Justicia. Entre las penalidades está la suspensión de uno a dos años en el ejercicio de la profesión y una multa de hasta seis salarios mínimos nacionales.

Los requisitos que debe presentar un abogado para el RPA son: fotocopias del título en provisión nacional, título académico, cédula de identidad, una solicitud dirigida a la Ministra de Justicia y la boleta de pago de 200 bolivianos del Banco Unión. Zubieta indicó que los requisitos se encuentran también en la página web del Ministerio.

La entrega del credencial de registro es posterior a 45 días hábiles, una vez que la documentación esté certificada por la Universidad y se encuentre en La Paz, esta entrega se desarrolla por medio de un juramento tomado por el Ministerio de Justicia, según agenda por departamento.

Opinión de los abogados

En un recorrido por diferentes oficinas de abogados se pudo recoger su opinión respecto al RPA. Todos señalaron como algo positivo que el registro sirva para que puedan litigar en todo el territorio boliviano sin hacer trámites adicionales.

La mayoría de los profesionales entrevistados coincidieron en la predicción de que el número de juristas afiliados al Colegio de Abogados disminuirá, especialmente por la diferencia de costos entre el RPA que es obligatorio y la afiliación al Colegio de Abogados que es opcional, esto además de los pocos beneficios que les significa la pertenencia al Colegio de su profesión.

Respecto a las multas, uno de ellos considera que se dio un “plazo prudente” para el registro que consiste en un trámite sencillo mediante el cual el Ministerio de Justicia convoca a los abogados para el juramento y en caso de que uno no pueda asistir, esto no causa ningún problema para la entrega del credencial.

La mayoría de los abogados no tuvieron conflicto respecto al tiempo de entrega de la credencial ya que tenían conocimiento de los plazos establecidos para su entrega y la duración del trámite.
Un abogado entrevistado indicó desconocer que en Tarija, Defensa Pública, que representa al Ministerio de Justicia, establezca un arancel para los servicios de los abogados. “Por el contrario, en el Colegio de Abogados facilita estos aranceles que son útiles para el jurista”.

Abogados no sienten respaldo de ninguna institución

 En un sondeo con diferentes abogados, éstos señalaron que más allá de que el RPA los habilite para el ejercicio en abogacía, no cuentan con una entidad estatal o profesional en Tarija que los respalde ante situaciones que los afectan.

“No tenemos la organización para lanzar un manifiesto como abogados denunciando o exponiendo algún punto con una voz común”, señaló uno de ellos.

El Colegio de Abogados en su momento tenía un costo elevado para registrarse como profesional, alrededor de 500 dólares, más el pago de 10 a 50 bolivianos mensuales sin nada a cambio.

“Siempre que había alguna irregularidad en alguna institución del Estado, el Colegio de Abogados no se prestaba para enviar una queja formal en representación de los abogados y era muy tibia, no cumplen una función conciliatoria entre el Estado y los juristas”, indicó uno de los profesionales.

El País