La Ley contra avasallamientos a las áreas mineras fue archivado en el Congreso

El tema de los avasallamientos a las áreas mineras, ha sido una constante el pasado año, hasta el punto que las organizaciones mineras, especialmente cooperativas, adoptaron resoluciones en sus ampliados y congresos para defender sus concesiones ante estos actos arbitrarios, protagonizados, especialmente, por comunarios, los que tienen la seguridad de su derecho a la explotación en los terrenos que tienen concedidos por el Estado.

Lógicamente éstos no razonan que la superficie corresponde a la propiedad privada y el subsuelo, es decir los recursos naturales, al pueblo boliviano, el que en cualquier sector de la sociedad tiene derecho a solicitar áreas para emprender trabajos mineros. 

Las denuncias abundan, por cuanto los actos de avasallamiento van emparejados con la violencia que se ejerce contra los actores mineros, los que tienen que soportar secuestros, agresiones físicas, etc., métodos que son empleados para obligarles a ceder parte de sus concesiones, en algunos casos, a alejarse de los lugares ante amenazas que, incluso, se dirigen contra la misma vida y propiedad.

 El pasado año las Cooperativas mineras fueron protagonistas de una marcha en la ciudad de La Paz y un posterior bloqueo a nivel nacional, exigiendo la atención de varios puntos agendados con las autoridades del Gobierno, entre los que se halla precisamente el problema de los avasallamientos. En Oruro se firmó una nueva acta y agenda para solucionar estos temas, dentro del compromiso gubernamental de aprobar una ley Corta contra los Avasallamientos, cuyo borrador circuló recientemente y fue archivado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al parecer se presentó otro proyecto punitivo por estos actos delincuenciales, para ser incorporado en el Código Penal, dentro de las reformas que se pretende efectuar a este instrumento jurídico. De todas maneras, la aprobación de la Ley respectiva ha excedido los plazos acordados y los cooperativistas y empresarios privados continúan siendo víctimas de las presiones de originario campesinos, con un gran empuje por parte de tramitadores y abogados, que han encontrado su "mina de oro", para exaccionar tanto a sus clientes como a los actores mineros.

No conocemos aún los motivos por los que las autoridades decidieron archivar el proyecto de Ley mencionada, pero nos parece que no existe la voluntad política necesaria para que se interprete correctamente el texto constitucional en cuanto a derechos sobre la tierra y las riquezas naturales, dejando en el abandono a los actores mineros, con el riesgo de que las reacciones tengan un rumbo nada aconsejable, pero sí desesperado en defensa de las fuentes de trabajo.

JornadaNet